La relación comercial de América del Norte ha trascendido cambios políticos relevantes y en los próximos dos años vivirá un escenario electoral que podría sentar las bases de su evolución y desarrollo. La evolución democrática de los tres países ha sido transversal al dinamismo y complejidad de las relaciones comerciales, donde las decisiones políticas fueron el parteaguas de la construcción de un diseño institucional que ha favorecido a la confección de una historia de éxito durante casi 40 años de la apertura comercial.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor el 1 de enero de 1994, como resultado de la negociación entre los gobiernos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y George W.H. Bush, así como del primer ministro Brian Mulroney durante los años 1991 y 1992. Las negociaciones surgieron en el marco de una serie de cambios impulsados por México tras la crisis de la deuda de la década de los ochenta, buscando liberalizar una economía marcada por el proteccionismo y el intervencionismo del Estado.
Al mismo tiempo que México buscaba una salida del aislacionismo económico, Estados Unidos se enfrentó a un proceso de aprobación del tratado sumamente complicado. Lo anterior por el miedo de ese país de que el acuerdo derivara en una fuga de empresas estadounidenses a México, preocupación que tuvo que ser abordada por el presidente Clinton, electo en medio de las negociaciones, quien impulsó la discusión paralela de acuerdos en materia ambiental y laboral para conseguir el apoyo del Congreso.
Después de más de 20 años de vigencia del tratado, en 2017 comenzó la renegociación del mismo, impulsada por el entonces presidente Donald Trump, como resultado de una promesa de campaña de salirse de éste si no se daban las modificaciones pertinentes. El modernizado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se firmó en diciembre de 2019, entrando en vigor el 1º de julio de 2020.
Desde 1991, el proceso de negociaciones y eventuales aprobaciones de ambas versiones del tratado marco de la región ha estado sujeto a múltiples factores políticos que han sido clave para su puesta en marcha. Desde la voluntad política inicial para tener las
conversaciones que dieron pie al TLCAN, hasta las negociaciones que fueron necesarias en los Congresos de los tres países, los diversos procesos electorales y sus consecuencias, hacen evidente la necesidad de considerar los elementos políticos en el análisis de la cooperación trilateral.
La voluntad política a través de varias décadas ha forjado una relación institucional entre los tres países, permitiendo que exista un marco sólido de cooperación independientemente de los liderazgos individuales. La consolidación de instituciones democráticas en México, Estados Unidos y Canadá ha sido fundamental; la elección de gobierno democráticos y plurales son los pilares de un ambiente de estabilidad propicio para crear condiciones de competitividad y prosperidad en cada uno de los países del bloque Norteamérica, donde el común denominador ha sido sostener y consolidar una relación comercial benéfica para los tres países.
La institucionalidad democrática, entendida como el conjunto de reglas que garantizan la protección de los derechos ciudadanos en la relación con el Estado y permiten la armonía de las actividades privadas, sociales y públicas, es el principio que permite dar continuidad al intercambio económico, cultural y comercial entre naciones. El fortalecimiento de la institucionalidad permitirá que existan mejores mecanismos de cooperación entre las tres naciones.
Si bien la institucionalidad es la única forma de mantener la estabilidad, la continuidad y el progreso independientemente de voluntades políticas, no se puede dejar de lado el peso que éstas últimas tienen y mantendrán en el marco de cualquier proceso de cooperación. El factor político en la toma de decisiones y en la configuración de políticas públicas propicias al libre comercio determinará la evolución histórica de las relaciones económicas en una de las regiones más prósperas como lo es hoy América del Norte.
De ahí que mantener un equilibrio y autonomía en la relación entre poderes, generar condiciones que fortalezcan a la ciudadanía, como la transparencia y el combate a la corrupción, sostener un ambiente de seguridad y respeto al estado de derecho que sea favorable para el clima de negocios, son elementos primordiales por considerar en el futuro inmediato para seguir consolidando esta historia exitosa y dinámica de relaciones comerciales en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En la actualidad, existen numerosas pistas de que hoy, más que nunca, la política interna impactará la política exterior.
Tal es el caso de la huelga automotriz que se observó en 2023 en Estados Unidos, la cual, en caso de haberse prolongado, hubiera impactado la cadena de suministro en este sector, generando un gran impacto negativo para México.
A tres años de la entrada en vigor del T-MEC, nos situamos en un momento idóneo de evaluación retrospectiva. El intercambio comercial en el marco del Tratado ha dado frutos bajo la protección de las reglas comerciales, que han permitido resolver de manera eficiente temas que en otro momento podrían estar permeados por una inercia política local, como el tema laboral. En contraparte, los cimientos político – ideológicos de cada país han determinado los escenarios y oportunidades en la evolución de ciertos sectores como el energético. De ahí que el factor político debe ser considerado en la evolución de 30 años de éxito en la integración económica y comercial.
La posición geográfica de la región es estratégica en un contexto actual de conflictos geopolíticos en los que el acceso a recursos naturales, renovables y no renovables, así como a las cadenas de valor serán el centro en la evolución del comercio global.
La continuidad o no de un proceso exitoso de integración comercial y económica de Norteamérica será evaluada en 2026, con la revisión sexenal del Tratado. En ese contexto no se debe soslayar la relevancia de las definiciones políticas domésticas.
Cada 12 años, los calendarios políticos de Estados Unidos y México se sincronizan, y ambos países celebran elecciones presidenciales. El 2024 será un año testigo de esto, mientras que Canadá debe de sostener su proceso electoral antes de octubre de 2025. Lo anterior implica que para 2026, los tres países habrán celebrado sus procesos electorales, generando la posibilidad de que existan tres liderazgos distintos a los que tenemos el día de hoy, y, por lo tanto, a una negociación con una nueva óptica y con tintes políticos particulares de las agendas domésticas de cada país.
Hoy existe una ventana de oportunidad para valorar que las decisiones políticas de hoy marcarán la pauta del camino de desarrollo que buscamos para cada una de las naciones que conforman. Si bien la apuesta por la institucionalidad de la relación trilateral debe prevalecer, también debe de existir un análisis puntual del peso de los elementos políticos nacionales, los cuales tendrán consecuencias regionales.